Leyner Palacios: En Colombia se ha asfixiado la paz y el grito de esperanza de las comunidades negras e indígenas
Por Óscar Elizalde Prada – SIGNIS Colombia
Desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las FARC, han sido asesinados al menos 460 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 216 excombatientes y firmantes de los Acuerdos. Asimismo, durante el actual Gobierno de Iván Duque, 167 líderes indígenas han sido ejecutados.
Los datos son de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, que articula a más de 30 organizaciones étnico-territoriales de pueblos indígenas y afrodescendientes del suroccidente colombiano. Su secretario general, Leyner Palacios, ha sido testigo de la violencia que ha sufrido –y continúa padeciendo– el pueblo de Bojayá. Su voz clama por justicia, paz, verdad y no repetición.
¿Qué tanto se ha avanzado en el camino hacia la paz tras la firma de los Acuerdos?
En las comunidades del Pacífico se ha avanzado muy poco. El Acuerdo de paz tiene un capítulo referido al desarrollo rural integral, y el mayor desafío es la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. En ese sentido, se avanzó en un mecanismo de participación importante, y se construyeron los programas y las iniciativas desde algunos sectores de las comunidades. Sin embargo, ese interesante ejercicio de planeación, que por primera vez generó una expectativa a las comunidades y una gran movilización, se quedó en una ilusión para la gente. Los programas de desarrollo con enfoque territorial no están siendo implementados adecuadamente y no fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Desde nuestra lectura esa es una de las grandes debilidades, pues se han ido fragmentando algunas propuestas. Encontramos rezagos muy fuertes en la implementación del capítulo étnico, pero también era importante el fortalecimiento de la democracia: el tema de participación política es fundamental y se había hablado de la definición de una circunscripción especial de paz, pero el Centro Democrático y el actual Gobierno se han dedicado a obstruir cualquier posibilidad que permita la participación de las víctimas a partir de esta circunscripción. Entonces el proceso se ha visto bastante afectado, y es doloroso porque se argumenta que se defienden los derechos de las víctimas, pero no permite su participación.
El capítulo de la sustitución de los cultivos de uso ilícito en el Pacífico es un ejemplo de ello. Muchas familias se postularon a la erradicación voluntaria y firmaron las actas de sustitución confiando que el gobierno se comprometería con proyectos alternativos; sin embargo, el Gobierno no lo ha hecho, no ha implementado esos proyectos y, por el contrario, ha propuesto una política de erradicación forzada, fumigando los territorios con glifosato. En este punto, no es únicamente el hecho de no cumplir lo acordado, sino que se viola el derecho a la consulta previa, incluso en el marco de la pandemia.
Por otra parte, hoy nos sentimos amenazados por diversidad de grupos armados. En el territorio nacional, el Pacífico es la región donde más grupos armados hay. Tenemos disidencias de las FARC, el ELN, distintas fracciones del paramilitarismo… El ejemplo más claro está en Bojayá. Tras la tragedia del 2002, las condiciones son peores ahora. Lleva más de dos años con 7.000 personas en confinamiento, los asesinatos son el pan de todos los días, los desplazamientos, las amenazas, las intimidaciones… ahí no hay vida para la gente.
Otro de los temas importantísimos, en el que el Gobierno no avanzó, es en la propuesta de protección para los líderes y lideresas del Pacífico. Esto es muy grave. Estamos a merced de los grupos armados. En lo que va de este año se han asesinado a 104 líderes sociales, y durante la pandemia han sido asesinados en todo el territorio nacional al menos 56 líderes sociales, y si se toman en cuenta las estadísticas, la mayoría de los asesinatos han ocurrido en los territorios del Pacífico, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.
Usted mismo ha sido amenazado en repetidas oportunidades y se ha dirigido al Presidente para clamar por la vida. ¿Se ha sentido escuchado?
Nuestros gritos de auxilio han sido por la paz, son los gritos de auxilio que clamaba nuestro hermano George en La Florida cuando le incrustaban la rodilla en la nuca y lo dejaban sin oxígeno. Aquí en Colombia se ha asfixiado la paz y, con ello, el grito de esperanza de las comunidades negras e indígenas. Nosotros recibimos intimidaciones, amenazas, señalamientos y hostigamientos todos los días, por parte de diversos actores ilegales, pero también por parte de la legalidad. Yo mismo fui amenazado, y me tocó salir del territorio. Pero después de eso, en todos los lugares donde he estado continúa la persecución, las agresiones… uno está bajo el acecho constante de los que le quieren hacer daño.
Estos son temas que todas las autoridades del orden nacional conocen, así como sus afectaciones. En enero, en cabeza de la Comisión Interétnica de la Verdad para los Territorios del Pacífico, entregamos una carta abierta al Presidente y se comprometió a que daría respuesta y tomaría medidas con relación a la serie de problemáticas. Pero hasta el día de hoy continúa un panorama regresivo, no se atendieron las observaciones, las recomendaciones, ni las solicitudes, y hemos quedado más desprotegidos de nuestros derechos. Y esto se evidencia en el aumento de líderes asesinados. Las amenazas contra mi vida y las estigmatizaciones continúan. Como digo siempre, si no avanzamos en los temas de paz, las comunidades estarán condenadas a la muerte.
¿Qué condiciones son necesarias para detener la violencia y construir una sociedad justa y en paz?
Nosotros creemos en la paz que plantea la Constitución Política de 1991; en la paz que se diseñó a partir de los Acuerdos de La Habana; en la paz que está planteada en los múltiples pronunciamientos y acuerdos de los paros y movilizaciones sociales. Creemos en la paz que permita la justicia social y la reconciliación.
Yo soy de los que creo que la paz tiene que ir ganándose poco a poco. Entonces, si no se favorece una salida negociada del conflicto armado, no podemos hablar de un contexto de legalidad; si nos negamos a dialogar, a buscar alternativas, seguiremos con territorios dominados por el accionar de los grupos que no andan en la legalidad.
Debemos comprometernos con una paz completa, que no tenemos todavía en Colombia. Con tantos conflictos y desgracias, lo que vemos es que las comunidades no tienen salud, ni educación, ni vivienda ni oportunidades para nuestros jóvenes. La paz también se construye con oportunidades para las nuevas generaciones, pero este camino no se está dando en nuestro país.
