La crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región, señala el informe de RSF. Estas limitaciones se han traducido en un espectacular deterioro del indicador que mide las dificultades de acceso a la información para los periodistas. Además, Latinoamérica registra este año el peor retroceso (el +2,5%) entre los indicadores regionales.

En Brasil (111º, -4), el acceso a las cifras oficiales sobre la epidemia se volvió sumamente complejo por la falta de transparencia del gobierno de Jair Bolsonaro, que intentó por todos los medios minimizar el alcance de la crisis y generó innumerables tensiones entre las autoridades y los medios de comunicación nacionales.

En El Salvador (82º, -8), país que registra una de las mayores caídas en la Clasificación 2021, el trabajo de los periodistas encargados de cubrir la pandemia también se vio ampliamente obstaculizado: la policía se incautó de material periodístico, se prohibió el acceso a espacios públicos, hubo falta de transparencia en el acceso a la información pública, los funcionarios presidenciales se negaron a responder preguntas sobre el coronavirus durante las ruedas de prensa, e incluso se prohibió entrevistar a representantes del Estado sobre el asunto.

Entre la negación y la intención de poner en cuarentena a los medios

También se observaron prácticas de obstrucción similares en Guatemala (116º), donde el presidente Alejandro Giammattei expresó su deseo de “poner en toque de queda a los medios”, o en Ecuador (96º, +2). Frente a la pandemia, esta actitud de rechazo adoptada por varios líderes gubernamentales como Daniel Ortega en Nicaragua (121º, -4), Juan Orlando Hernández en Honduras (151º, -3) o incluso Nicolás Maduro en Venezuela (148º, -1) dificultaron especialmente la tarea de los medios. Estos mandatarios aprovecharon la onda expansiva provocada por la crisis para fortalecer su arsenal de censura y complicar aún más la labor informativa de la prensa independiente. A los periodistas se les acusó públicamente de exagerar la gravedad de la crisis sanitaria y de sembrar el pánico en el espacio público. Quienes se atrevieron a cuestionar la respuesta oficial de las autoridades para combatir la pandemia fueron detenidos, acusados ​​de practicar el “terrorismo de desinformación” y, en ocasiones, encarcelados, como le ocurrió al periodista independiente venezolano Darvinson Rojas, que en un mensaje de Twitter puso en duda la credibilidad de las cifras oficiales.

Más detalles sobre el Informe de RSF se puede acceder aquí.