Periodistas Asesinados Honduras
En el último informe sobre la “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en febrero, se confirma que más de medio centenar de periodistas ha sido asesinado en Honduras desde el golpe cívico-militar contra el presidente Manuel Zelaya. En el referido informe se explica que antes de la alteración de la frágil democracia local no existían asesinatos masivos de periodistas, ni otras lacras como las altas tasas de mortalidad por homicidio que hoy imperan en Honduras.
Así comenta Ernesto Carmona, en un artículo de publicado en en el sitio de ALAI, en el que detalla que el informe identifica a los periodistas y trabajadores (as) de la prensa y la información como a uno de los sectores sociales del país centroamericano de mayor vulnerabilidad frente a la violencia que ejercen el Estado y la corrupción de cuello y corbata a través de las policías, servicios secretos de “seguridad” y la llamada “delincuencia organizada”, de acuerdo a la información recogida en el terreno durante una visita efectuada por la Comisión entre el 1 y el 5 de diciembre de 2014.
El informe de la Comisión ofrece recomendaciones al Estado para que fortalezca sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos, no sólo de los periodistas, sino de todos los hondureños.
Las estadísticas históricas muestran que los asesinatos masivos de periodistas emergieron en Honduras en 2009, una vez consumado el golpe cívico-militar contra el gobierno legítimo de Manuel Zelaya perpetrado el 28 de junio por Roberto Micheletti y los sectores más conservadores de Honduras, respaldados por el gobierno estadounidense de Barack Obama y con apoyo logístico de las fuerzas de EEUU asentadas en Palmerola, sede de la base militar “Fuerza de Tarea Conjunto Bravo (US Military’s Joint Task Force Bravo, JTF-B”), Base Aérea “José Enrique Soto Cano”, situada a 97 kilómetros de la capital de Honduras.
Todas las fuentes históricas, gremiales y periodísticas muestran como hoy Honduras, un pequeño país de 112.492 km² y escasos 8,5 millones de habitantes, disputa ahora las tasas más altas de asesinatos de periodistas a naciones gigantescas, como México (126 millones de habitantes y 1.964.375 km²), Brasil (208 millones de personas y 8.515.770 Km2) y Colombia (50 millones y 2 129 748 km²).
Según los datos oficiales citadas por el informe de la CIDH, en Honduras fueron asesinados 50 comunicadores (as) y trabajadores (as) de medios de información entre 2003 y 2014. Diez de estos 50 homicidios de 11 años fueron perpetrados en 2014, concluyó la Comisión de la OEA:
Aunque la visita de la Comisión se realizó a fines de 2015, el informe difundido el 18 de febrero registra “un número preocupante de asesinatos de comunicadores y trabajadores de medios” en el primer semestre 2015. También la Comisión se queja de que “tampoco están esclarecidos los motivos” de estos injustificables asesinatos de periodistas que hasta el momento de la visita eran 8 pero durante todo 2015 fueron diez, de una edad promedio de 35 años y 4 meses, según los registros de Ciap-Felap:
La corrupción garantiza impunidad
Tras recoger abundante información en sus encuentros en Honduras con periodistas y organizaciones de la sociedad civil, la CIDH concluyó que “el crimen organizado -en el que se hallarían implicados funcionarios públicos y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado- es percibido como la mayor amenaza a la vida e integridad física de aquellos comunicadores en Honduras que cubren noticias locales sobre corrupción, reivindicaciones territoriales, narcotráfico, delincuencia organizada y seguridad pública”.
Asimismo, “la información recabada durante la visita in loco permitió constatar que persiste en el país un alto riesgo a la vida e integridad de comunicadores que ejercen un periodismo de denuncia y son críticos de los gobiernos que siguieron con posterioridad al golpe de Estado de 2009. Esta violencia afectaría de manera especial a comunicadores que trabajan en departamentos al interior del país y en zonas rurales, incluyendo, entre otros, los departamentos de La Ceiba, Yoro y Olancho”.
Según cifras oficiales, “alrededor del 96%” de los asesinatos de trabajadores de prensa no son efectivamente investigados.
“Para la Comisión Interamericana es fundamental que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña, esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”. En otras palabras, “las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación.
Redacción SIGNIS ALC, a partir del artículo de Ernesto Carmona, publicado en ALAI
