El pronunciamiento lamenta las denuncias de corrupción que se han hecho públicas en los últimos días sobre el proceso del concurso de frecuencias, por lo que se exige que se investigue “con celeridad, de manera seria y que, de ser comprobados, se sancione a todos los implicados con el mayor rigor de la ley. Perseguir la corrupción en cualquiera de sus formas, con transparencia y apego a la Ley, ayudará a la equidad real en el acceso a las frecuencias”, dice parte del comunicado.

Agrega que se requiere “que al estar por culminar el Concurso para la asignación de frecuencias haya mayor transparencia en los criterios de valoración, información clara y precisa, y que no se empañe ni ponga en riesgo este proceso por actos de corrupción ni por intereses políticos electorales que buscan derogar la Ley Orgánica de Comunicación, LOC y mantener el control sobre el espectro radioeléctrico”.

En el comunicado se destaca que la Constitución de 2008 reconoció por primera vez en el país la coexistencia de tres sectores de la comunicación: públicos, privados y comunitarios, y demandó que la Ley Orgánica de Comunicación norme la redistribución de frecuencias, garantizando un 34% de las frecuencias para medios comunitarios, 33% para medios públicos y 33% para medios privados.

Así también se considera que la “redistribución del espectro radioeléctrico es una necesidad histórica largamente reivindicada desde múltiples sectores sociales” y que ello consitutye “la única puerta para el ejercicio verdadero del derecho de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos a una comunicación al servicio del bien común”.

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