Funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) amenazaron a mujeres de la comunidad de Francisco I. Madero, del municipio de Salto de Agua, Chiapas, por su labor como promotoras del derecho a la información y defensoras de la tierra y el territorio. Las agresiones se registraron el 31 de mayo último y se extendieron al comisariado ejidal, Francisco Cruz, que ha apoyado a las mujeres en el ejercicio de sus derechos y de su participación en asuntos de su comunidad.
Según informa la organización ARTICLE 19, los funcionarios del programa Prospera, perteneciente a Sedesol, indicaron a las mujeres que si el comisariado continuaba convocándolas a reuniones informativas sobre sus derechos y sobre el Movimiento en Defensa de la Tierra, se les quitaría el apoyo del programa a todas en la comunidad.
Francisco Cruz, indígena ch’ol, es miembro del Movimiento Lázaro Cárdenas, contra las altas tarifas de luz e impulsor de la participación de las mujeres como autoridad parte del movimiento ya mencionado. También forma parte de la Red Junco, conformada por defensoras y defensores de la región selva norte de Chiapas, perteneciente al proyecto de Transparencia Proactiva de ARTICLE 19 y Casa de la Mujer, Ixim Asetic.
Su participación dentro del proyecto Transparencia Proactiva ha sido fundamental, pues se busca promover la participación de las mujeres en el ejercicio del derecho de acceso a la información en comunidades choles, tzeltales, chontales y mestizas para acceder a información pública de oficio para la defensa y promoción de otros derechos en la región.
Asimismo, a pesar de que se les informó a las mujeres las reglas de operación del programa, dando a entender que Sedesol no puede retirar el apoyo por estas razones, afirmaron sentir miedo de perderlo.
ARTICLE 19 exigió a Sedesol abstenerse de condicionar el uso de sus programas con el objetivo de impedir o limitar el ejercicio de algún derecho en perjuicio de la comunidades de Salto del Agua, Chiapas o en cualquier otra. También así, se inicie el procedimiento administrativo al que haya lugar en contra de las y los funcionarios públicos responsables.
Finalmente se urgió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que en el ejercicio de sus facultades emita las sanciones correspondientes conforme a los establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública en su artículo 206, fracción X, ya que las amenazas de los funcionarios de Sedesol constituyen actos para intimidar a los solicitantes de información e inhibir el ejercicio del derecho a la información de las mujeres y hombres de dicha comunidad.
Para mayor información se puede contactar a comunicación@article19.org www.articulo19.org
Fuente: ARTICLE 19
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