Montevideo, Uruguay.- Cada 23 de octubre en Uruguay se celebra el día de los periodistas y del trabajador de los medios de comunicación, en todos sus ámbitos. El día del periodista fue establecido por la ley 16.154 en 1990, que en un artículo único lo declara feriado no laborable, con derecho a percibir la remuneración habitual. En 2018 la ley 19.175 se sustituyó dicho texto y se incluyó la fórmula “trabajador de los medios de comunicación en todos sus ámbitos”.
En un 2020 marcado por la emergencia sanitaria, la crisis en los medios de comunicación se agudizó, entre despidos, envíos al seguro de paro total o parcial y reducciones salariales.
El pasado martes 13 de octubre los trabajadores del semanario Búsqueda y su revista Galería publicaron un comunicado sobre las condiciones de trabajo, que contó con el respaldo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el sindicato de los trabajadores de los medios de comunicación. En Twitter la APU expresó que el Comité Directivo Central (CDC) “ha apoyado las gestiones que se han realizado para tratar de revertir esta realidad”. Distintos comunicadores, tanto de los medios autores del comunicado como de otros, manifestaron su solidaridad ante estos hechos. El elemento común en sus mensajes publicados en las redes sociales es la pasión con la que los trabajadores involucrados desempeñan sus funciones y la necesidad de justicia con los salarios que perciben.
Afirman que, “a lo largo de este tiempo, la empresa aplicó sistemáticamente tres reestructuras que implicaron directamente a quienes trabajamos en ambas publicaciones con envíos al seguro de paro, reducciones salariales y despidos”. Esas acciones “provocaron que se redujera el personal y se incrementara el trabajo de todos”, señalan. Explican los perjuicios que la coyuntura acarreó para el medio: las ventas de ejemplares y publicidad bajaron. En este contexto, la dirección les manifestó que no podía cumplir con lo acordado y solo otorgó el ajuste de Consejos de Salarios de enero de 2020. Expresan su preocupación y dejan claro que hasta ahora los trabajadores han cumplido con su parte del compromiso, pese al incumplimiento de la empresa.
Para entender el marco, repasemos algunos datos: en marzo el medio Sudestada se refirió a esta situación y divulgó que el diario El País era, en ese momento, el medio con más trabajadores afectados (cerca de 90) por medidas como el envío al seguro de paro, sea total o parcial.
En La República, a la fecha de publicación de la nota mencionada había 13 personas en el seguro de paro y en El Observador sucedió lo mismo con seis trabajadores.
En la televisión, Canal 10 enviaría a 45 personas al seguro de paro a partir de abril y “propuso a quienes facturan con empresas unipersonales y empleados rebajas salariales de 30% a partir del mes próximo”. Canal 12 envió a 45 personas al seguro de paro y suspendió dos programas periodísticos, uno de los que luego retomó. En total, los comunicadores enviados al seguro de paro fueron 74, de acuerdo con la APU.
La intendenta electa de Montevideo Carolina Cosse mantuvo una reunión el lunes 19 de octubre y, en ella, el Consejo Directivo Central (CDC) de la APU, a pocos días de su 76º aniversario. El presidente de la asociación Fabián Cardozo agradeció la visita de la futura jerarca comunal y anunció que compartieron preocupaciones sobre la situación de los medios y la necesidad de trabajar con el sistema político para enfrentar la desinformación.
En dicho sentido, cabe recordar que en 2019 surgió una iniciativa sin precedentes llamada “Verificado”, que consistió en una coalición de medios, periodistas, organizaciones y universidades con el objetivo de combatir la desinformación durante la campaña electoral. Inspirados en experiencias internacionales similares, se centraron en dos tipos de contenidos: los rumores difundidos en las redes sociales y los contenidos del discurso público (es decir, las declaraciones de políticos, de los entonces aspirantes a puestos de gobierno y de los gobernantes).
Redacción: Sebastián Sansón, corresponsal de SIGNIS ALC en Uruguay
