El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), pidió a las autoridades nicaragüenses poner fin a los actos de hostigamiento contra el diario La Prensa. Según declaró la coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, Natalie Southwick, el Gobierno nicaragüense “quiere hacer que sea peligroso trabajar en un periódico en cualquier función”, por lo que pidió que las autoridades retiren los “cargos penales contra los trabajadores de La Prensa y la liberación de los conductores presos”.
El pedido lo hizo luego de que el 29 de septiembre pasado la Fiscalía acusara a cuatro trabajadores de La Prensa del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Según un artículo del diario y las declaraciones de su editor jefe, Eduardo Enríquez, los trabajadores que han sido acusados son dos conductores, quienes fueron arrestados por las autoridades nicaragüenses luego de allanar sus domicilios el 6 de julio, así como una reportera y una trabajadora del área administrativa, quienes aún no han sido arrestadas.
Los Agentes policiales arrestaron a los dos conductores poco después de que un equipo de La Prensa dio cobertura a la expulsión de Nicaragua de un grupo de monjas afiliadas a una organización benéfica que fue cerrada por el Gobierno. Enríquez señaló que el diario había decidido no revelar la identidad de los cuatro trabajadores por motivos de seguridad.
Si los trabajadores son condenados, podrían recibir una pena de 15 años de prisión, según el Código Penal de Nicaragua.
En un comunicado publicado por el Comité para la Protección de Periodistas se da cuenta que uno de los trabajadores de La Prensa, que ha solicitado guardar el anonimato por motivos de seguridad, ha declarado al CPJ: “Yo siento que tengo la guillotina en mi cuello”.
Enríquez calificó de “absurdos” los cargos y declaró al CPJ que funcionarios judiciales les habían prohibido a los conductores contratar abogados defensores privados, y por el contrario los habían obligado a aceptar un defensor público asignado por el Gobierno.
“Esto no se puede calificar más que como una acción absurda; estamos hablando de personas que realizan un trabajo logístico”, aseguró en alusión a los cargos.
“Más allá de que no hay libertad de expresión, no hay libertad para trabajar”, ha dicho.
Según The Associated Press, el 21 de julio La Prensa anunció que el personal del periódico, entre ellos reporteros, editores y fotógrafos, se había ido al exilio debido a la persecución de que era objeto ese medio de prensa.
La nota del CPJ señala que ha llamado a la Fiscalía y le ha enviad0o “un correo electrónico para obtener una declaración, pero no recibió respuesta”.
El CPJ ha documentado la campaña del Gobierno nicaragüense contra la prensa nicaragüense y sus acciones contra La Prensa y su personal, como la condena en marzo del gerente general del periódico, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, por el delito de lavado de dinero; el allanamiento policial y la ocupación de su redacción en 2021, y la confiscación de la tinta y el papel periódico del medio en 2019.
Fuente: CPJ
