Honduras.– Una nueva amenaza a la libertad de expresión fue aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, con menos de 24 horas de diferencia según trascendió en diferentes medios de comunicación de ese país.
La información fue dada a conocer a través de una alerta del Comité por la Libre Expresión (C-Libre); se trata de un nuevo artículo que en el segundo párrafo dice: “quien públicamente difunde de forma reiterada noticias o rumores falsos que atemoricen a la población o parte de esta, y de este modo se cree un peligro grave para la vida la salud de las personas o el patrimonio, debe ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años, salvo que los hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones este Código”.
El pasado 20 de septiembre, C-Libre emitió la alerta titulada “Congreso Nacional aprueba delito del terrorismo con fines de criminalización a la protesta social”, en la que se evidencia cómo la aprobación del Título XXXI referente a los delitos de “Asociación Terrorista y Ciber Terrorismo”, criminaliza la protesta social con penas de prisión desde 10 hasta 20 años.
Bajo este contexto en la sesión ordinaria del día jueves 21 de septiembre, el pleno aprobó el Título XXX de dicho Código dirigido a criminalizar la publicación de noticias.
En apariencia, el artículo 557 está dedicado a los “desordenes públicos”, pero se lleva de encuentro la libertad de expresión y amenaza con llevar a la cárcel a los periodistas, bajo la aplicación de una figura discrecional de jueces y fiscales.
La pregunta que se desprende es quién va determinar cuáles son noticias falsas que merecen una acusación que pueda llevar a la cárcel a un periodista.
El primer párrafo del citado artículo, dice que “quien mediante violencia o intimidación graves atemorice a la población o parte de esta, debe ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Si se crea un grave peligro para la vida, la salud de las personas o el patrimonio, la pena a imponer se incrementará en un tercio (1/3) salvo que los hechos estén castigados con pena más grave en otras disposiciones de este código”.
El pasado 23 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresaron su “preocupación ante la aprobación de las reformas al código penal”, cuando se aprobó la reforma del 335B que criminaliza la libertad de expresión mediante la tipificación de la figura de terrorismo.
Fuente: Cerigua
