Organizaciones de DDHH, sociales y eclesiales cuestionan acciones de remediación por derrame petrolero
Quito, Ecuador.- Varias organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos, organizaciones sociales y eclesiales, como la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, cuestionaron las acciones de “contención y remediación” del derrame petrolero en los ríos Coca y Napo, registrado tras la ruptura del SOTE y OCP, el pasado 7 de abril. En un comunicado llegado a la redacción de SIGNIS ALC, las organizaciones firmantes lamentan las declaraciones expresadas por el gerente de Petroecuador, Pablo Flores, sobre los supuestos trabajos de contención y remediación que se habrían realizado.Para las organizaciones de DDHH, “No existe a la fecha evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”. Una revisión de la línea de tiempo entre el anuncio en redes realizado por OCP y el realizado horas después por EP PETROECUADOR muestra que las medidas fueron insuficientes. Esto se agrava con el hecho de que el Ejecutivo tardó muchas horas más en reconocer que hubo un derrame de crudo; sin que a la fecha tengamos certeza de la dimensión del mismo y ni de las medidas de contención”.
Agregan que la “injustificada demora y la falta de transparencia en la información exacerba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones ribereñas que continuaron realizando sus actividades de subsistencia en el río. Se han compartido imágenes que muestran a pobladores, incluyendo niños y niñas que fueron cubiertos por el hidrocarburo”.
En el comunicado se señala que “Llama la atención que se afirme que el Estado está implementado medidas de “contención y remediación”, cuando los reportes de las comunidades confirman manchas de hidrocarburo en el río Napo. Hasta la mañana del 14 de abril, la comunidad de Pañacocha, ubicada a unos 200 km de distancia, aguas abajo del sitio de la ruptura del oleoducto, mediante videos seguía reportando la presencia de petróleo en el río Napo. Por lo tanto, las medidas de las que habla el Gerente de EP PETROECUADOR no han sido oportunas y continúan siendo insuficientes”.
Adicionalmente denunciaron que “existe evidencia de que se emitieron múltiples advertencias sobre el riesgo creado por la erosión regresiva que interrumpió el flujo de la antigua cascada San Rafael. Lamentablemente, parece que el Estado, y para este caso particular EP PETROECUADOR y OCP, ignoraron las advertencias y no hicieron nada frente a este fenómeno. Con esto, omitieron su deber constitucional de proteger a las personas, a las colectividades y a la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, minimizando así la condición de vulnerabilidad”.
Las organizaciones de Derechos Humanos, sociales y eclesiales lamentaron también “que se trate de minimizar el impacto a “al menos 7 comunidades”, cuando según la información recopilada por organizaciones sociales e indígenas, y registradas por medios de comunicación, muestran afectaciones en al menos a 150 comunidades ribereñas de los ríos Coca y Napo que, tal como se ha mencionado, dependen de manera directa del río para su subsistencia. Inclusive, a partir de este derrame, la ciudad de El Coca no se está abasteciendo del río porque éste se encuentra altamente contaminado (El Comercio, 8 de abril de 2020).
Revise aquí el comunicado íntegro
