Tegucigalpa, Honduras.- Varias organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han expresado su rechazo al proyecto de reforma legal que crea el delito de apología del terrorismo y que según expresan pone a los periodistas y comunicadores sociales con un pie en la cárcel. En el Congreso Nacional se guarda total hermetismo sobre un nuevo proyecto de ley sobre terrorismo que ha enviado la función ejecutiva, sobre el cual las autoridades del legislativo se negaron a dar información, según un reporte llegado a la redacción de SIGNIS ALC.
El reporte refiere que los periodistas del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), solicitaron dicha información referente a las propuestas de reforma al actual Código Penal que ha remitido el ejecutivo al Congreso para su trámite y aprobación, pero que la solicitud ha sido negada.
La solicitud del proyecto denominado “Ley para la Defensa Ciudadana contra Actos Terroristas”, se ha realizado a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), del cual no se obtuvo ninguna respuesta del Oficial de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, abogado Rolando Arturo Raudales.
De acuerdo con una publicación de diario El Heraldo, la propuesta de ley ha sido enviada por el Presidente de la República el día 30 de marzo, unos días después de que el congreso nacional aprobara la modificación del artículo 335B del código penal que amenaza con llevar a los periodistas a la cárcel.
El principal poder del Estado se ha negado también a dar información, sobre la iniciativa de ley presentada por el presidente Mauricio Oliva, para supuestamente “elevar a rango estatal el canal de televisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH (Utv)”.
Según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), en su artículo tres, todo ciudadano tiene derecho a solicitar y “acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstas en la presente ley” que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública.
La iniciativa enviada por el ejecutivo, ha sido identificada como una nueva amenaza a la libertad de expresión.
Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras han manifestado su “preocupación ante la aprobación de las reformas al código penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimos de los garantías y derechos humanos fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país”.
Redacción de SIGNIS ALC, a partir de la información de CONEXIHON
