Varias organizaciones que defienden y promueven el derecho a la libertad de expresión, en América Latina, hicieron un llamado a los Estados a que “asuman sus obligaciones para combatir los monopolios, oligopolios y concentraciones indebidas de los medios de comunicación, incluyendo aquellas que involucran la propiedad de medios por parte de gobernantes o políticos en ejercicio de cargos públicos”. En una declaración que se hizo pública el 17 de diciembre de 2015, se reconoce que “en la región latinoamericana existe una fuerte concentración de medios fundamentalmente en grupos privados”, fenómeno que también se reproduce “en un reducido número de países con una indebida concentración de medios estatales”.
En el pronunciamiento se exige que junto con medidas que limiten y reviertan la concentración, los Estados deben “ajustar sus marcos regulatorios e implementar planes y políticas públicas activas con el objetivo de garantizar el pluralismo y la diversidad, en especial reconociendo y promoviendo al sector de medios sin fines de lucro, entre los que se incluyen los medios comunitarios, sociales e indígenas, así como fortaleciendo a los medios públicos”.
Las organizaciones exigen que los Estados que ya cuentan con regulaciones antimonopólicas, “las apliquen de manera activa, transparente y sin discriminación”, pues “la concentración mediática conspira contra la democracia y es una grave barrera al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información por cuanto representa un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones”.
Así también demandaron de los Estados “medidas concretas para que los medios de gestión estatal garanticen un efectivo pluralismo interno a fin de que no funcionen como medios oficiales y sean verdaderos medios de servicio público, con independencia editorial y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas”.
En la declaración también se hace “un llamado para que Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas emitan estándares y recomendaciones sobre libertad de expresión y concentración mediática, a fin de que los Estados tengan criterios orientadores para armonizar sus legislaciones y políticas públicas que permitan democratizar y revertir los sistemas de medios ya concentrados y que los procesos de digitalización de la radio y la televisión no resulten en una consolidación o ampliación de la concentración sino una oportunidad efectiva para un mayor pluralismo y diversidad en nuestros países”.
La declaración es suscrita por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Artículo 19 de Brasil, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) de Uruguay, Colegio de Periodistas de Chile, Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) y Civitas de Guatemala, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Intervozes- Coletivo Brasil de Comunicação Social, Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos VOCES Paraguay, Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) de El Salvador.
La Declaración íntegra
Redacción: SIGNIS ALC
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