Diversas organizaciones y movimientos sociales repudiaron el decreto del gobierno de Michel Temer que pretende modificar los procedimientos para la demarcación de tierras indígenas en Brasil. La reacción del movimiento indígena, de organizaciones indigenistas, entidades que apoyan la causa indígena y defensores de los derechos humanos se organizó luego de que la prensa hiciera pública una minuta del decreto gubernamental.
Las organizaciones resaltan que la minuta fue elaborada sin ningún diálogo con el Consejo Nacional de Política Indigenista (CNPI) ni consulta previa a los pueblos indígenas, conforme determina la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de contrariar la legislación vigente e imposibilitar la resolución de los conflictos actuales que involucran la demarcación de los territorios indígenas.
La versión de la minuta que se hizo pública traía como fecha el año de 2016, lo que puede indicar que el gobierno pretendía publicarla con un plumazo al fin de año para dificultar la movilización de los pueblos indígenas contra la medida.
En consonancia con la nota ya divulgada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), las entidades enumeran diez items del decreto que consideran graves violaciones a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en Brasil, apuntando que el decreto contraría las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Brasil y “atiende a los intereses de sectores que presionan por la aniquilación de la existencia de los pueblos indígenas en cuanto pueblos autónomos y culturalmente diferenciados”.
El Consejo Indigenista Misionero (Cimi), una de las entidades que suscribe la nota, considera que de publicarse el decreto, se afectaría la demarcación de aproximadamente 600 tierras indígenas en diferentes estados de procedimiento demarcatorio.
Entre los varios dispositivos graves previstos por el decreto está la incorporación del “marco temporal”, una interpretación restrictiva del artículo 231 de la Constitución Federal que, en la evaliación de las entidades y movimientos, serviría solamente para “legitimar situaciones de despojos de tierras indígenas, posesiones ilegítimas, irregulares e ilegales y, consecuentemente, otras violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Exigen que la minuta que se hizo pública sea archivada, pues se la compara al “tiempo de las inaceptables políticas de confinamiento territorial y de asimilación cultural, que pueden llevar al exterminio sociocultural o etnocidio de los pueblos indígenas”, las organizaciones concluyen: “Sin legitimidad o justificación para crear nuevos procedimientos de demarcación, la propuesta minutada no ofrece soluciones para los conflictos existentes, crea nuevos entraves y profundiza las violaciones y violencias contra los pueblos indígenas en el país”.
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Fonte: Cimi
