Ciudad de México.- Varias organizaciones de la sociedad civil, OSC reconoce el avance y voluntad de la Comisión de Gobernación y Población al aprobar el dictamen de reforma a la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A la vez expresan preocupación por la postura negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asignar recursos que prevengan más asesinatos y agresiones contra personas defensoras y la prensa.En un pronunciamiento, suscrito por al menos 16 organizaciones que conforman el Espacio OSC, se hace un llamado al pleno de la Cámara de Diputados y al Senado de la República para aprobar la reforma a la ley de Protección, que es un un paso en la creación de una política de Estado que además de proteger, prevenga y sancione las agresiones contra personas defensoras y periodistas.El dictamen que reforma la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas así como la abrogación de Ley sobre Delitos de Imprenta fue aprobado por la Comisión de Gobernación y Población de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, el 22 de septiembre último.
El colectivo de organizaciones que conforman al Espacio OSC, que desde el año 2012 monitorea la implementación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e impulsa acciones para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección que creó dicha Ley, consideró importantes los avances.
A partir del monitoreo realizado se ha identificado la necesidad de reformar algunos aspectos de la Ley con la intención de subsanar la ausencia de una política de Estado que establezca mecanismos interinstitucionales entre los los tres niveles de gobierno para prevenir agresiones en el entorno físico y digital, así como para garantizar la implementación de planes integrales de protección con enfoque de género, intercultural, comunitario e interseccional para personas defensoras y periodistas; permitiendo la construcción de entornos más seguros que posibiliten el libre ejercicio de los derechos.
Derivado de ello, después de varias mesas de trabajo impulsadas por integrantes de la Comisión de Gobernación, en las que se contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, integrantes del Mecanismo de Protección, Consejo Consultivo del Mecanismo, se propuso el actual dictamen aprobado entre los que destacan las siguientes modificaciones:
- Se propone el cambio de naturaleza jurídica del Mecanismo, posibilitando fortalecer su estructura y presupuesto;
- Se amplía el objetivo de la Ley pues además de buscar proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de personas defensoras y periodistas, también se deberán “establecer acciones y procedimientos entre los tres niveles de gobierno para crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a informar, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, en los entornos físico y digital;”
- Se propone el fortalecimiento de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) a través de la creación de nuevas Unidades Auxiliares, mismas que fueron recomendadas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
- Se establece mayores atribuciones al Consejo Consultivo, tales como de solicitar a la junta de Gobierno invitar a determinadas instituciones, así como fortalece su estructura a través de la creación de una Secretaría Técnica
- Incorpora el enfoque diferencial e intercultural, así como la perspectiva de género y de diversidad de género como elementos transversales en la implementación de las acciones derivadas de la Ley;
- Se establece con mayor precisión la obligación de fomentar acciones entre los tres órdenes de gobierno para la implementación de los planes de protección así como para impulsar medidas de prevención con el objetivo de establecer entornos seguros para ejercer el derecho a defender derechos humanos y libertad de expresión;
- Se establece la generación de planes de protección individuales, colectivos y comunitarios, y la generación de medidas de protección frente a agresiones en el entorno digital y;
- Se incorporan medidas sociales y mecanismos de atención a víctimas desplazadas.
A pesar de lo anterior, las OSC ven con preocupación que contrario al espíritu garantista de la Comisión de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una opinión negativa respecto al dictamen de la Ley de Protección en virtud del impacto presupuestal que la Ley podría tener.
Fuente: CENCOS
