Perú.- El Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (PUINAMUDT), plataforma indígena que trabaja por la defensa del territorio y la vida en la Amazonía, anunció que se organizó otro plantón, en apoyo a las comunidades afectadas por la actividad petrolera del Lote 192.

 

La movilización acontecerá en las inmediaciones de Petroperú, en Lima, el jueves 21 de septiembre, a las 17:00.

 

La nueva negativa del gobierno peruano para llamar a una consulta previa -solicitada por varias comunidades indígenas asentadas en el departamento de Loreto-, fue el detonante para que estas se ratificaran en su consigna “si no hay consulta, no hay petróleo”.

 

El pasado 14 de septiembre, el  Ministerio de Cultura del Perú remitió una resolución viceministerial en que declara improcedente la petición interpuesta por la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y la Federación  de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), argumentando que no existiría una nueva medida administrativa en el ámbito del Lote 192.

 

La decisión fue dada a conocer 24 días después de que los indígenas se reunieran con representantes del gobierno. En aquel encuentro, los primeros dieron un plazo de 20 días para recibir una respuesta favorable.

 

Para el gobierno peruano, otra consulta es innecesaria, pues las comunidades indígenas ya habrían autorizado la explotación petrolera en el sector por 30 años, en el proceso realizado entre mayo y agosto del 2015.

 

Señala que un nuevo procedimiento solo podría justificarse “si existiera una nueva medida que pudiera generar afectaciones distintas” a las ya consultadas y autorizadas previamente.

 

La polémica se generó a raíz de que está previsto que se convoque a un nuevo proceso de licitación para el campo, luego de que, en 2015, el concurso se declarara desierto, emitiéndose en su lugar un contrato de servicios temporales con Pacific Stratus Energy, vigente hasta febrero de 2019.

 

Por su parte, las comunidades resaltan que no solicitan la realización de una consulta inmediatamente, sino, únicamente, que el gobierno exprese mediante un documento el respeto al derecho a la consulta previa, en el marco del nuevo contrato petrolero que regirá por 30 años más.

 

Reiteran que no se oponen a la explotación, pero que sí quieren garantías de que se respetará la calidad de vida de sus hijos, considerando que, tras 45 años, la actividad ha dejado más de 92 sectores contaminados y 2 mil pasivos ambientales.

 

Además, critican que los grandes réditos no se han traducido en un mejoramiento de los servicios básicos en sus comunidades.

 

Fuente: Observatorio petrolero de la amazonía norte.