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Periodistas piden reformas

SIGNIS ALC

08 abril 2017

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Periodistas de Honduras exigen derogar reformas al código penal

Periodistas de Honduras exigen derogar reformas al código penal

La APH rechaza, con firmeza, cualquier intento de violentar la Libertad de Expresión, dice.

 

Tegucigalpa, Honduras

La Asociación de Prensa Hondureña (APH) rechazó las reformas aprobadas al Código Penal, de manera particular al artículo 335-B, que establece una censura a quien “hiciere apología del odio a través de medios de comunicación”. Para el gremio periodístico, la reforma debe ser derogada de foma íntegra porque intenta violentar la libertad de expresión.

 

La demanda fue presentada ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en la que se dice que “La APH rechaza, con firmeza, cualquier intento de violentar la Libertad de Expresión y exige al Congreso Nacional la derogación total del artículo 335-B, agregado en forma maliciosa a la reforma del Código Penal”, establece el comunicado entregado al ombudsman hondureño, Roberto Herrera Cáceres.

 

Añade, que la APH no acepta ni reconoce negociaciones verbales con quienes, a espaldas de los intereses del pueblo, introducen leyes lesivas que violentan preceptos constitucionales y garantías individuales contemplados en la Constitución.

 

SIP llama a Honduras a derogar el 335-B

 

En las conclusiones de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicadas recientemente, se hace también un llamamiento a las autoridades hondureñas para que deroguen el artículo en mención.

 

Cualquier legislación que pretenda regularizar en este caso los delitos de terrorismo debe “ajustarse a los estándares internacionales para que no tengan efectos sobre la libertad de expresión”, dijo la asamblea de la SIP.

 

De acuerdo con este ente en el que participan los empresarios de medios de comunicación a nivel del continente, Honduras todavía experimenta altos índices de violación a la libertad de prensa, libertad de expresión y de acceso a la información pública, así como de impunidad en crímenes contra periodistas.

 

En la agenda legislativa queda demostrado que no existe un cupo para velar por el derecho a la libertad de expresión e información. Las y los periodistas, comunicadores sociales se enfrentan a una sanción de cuatro a ocho años de prisión, al acusarles de hacer apología del odio contra el poder.

 

Desde el 27 de febrero pasado entró en vigencia un paquete de reformas al Código Penal en materia de terrorismo y combate a la extorsión al ser publicadas en el diario oficial “La Gaceta”  en su emisión número 34, 276.

 

Fuente: www.conexihon.hn

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