Ciudad de México.- Ante la realidad de violencia que se registra en México, periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos presentaron varias propuestas para la construcción de la nueva Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La propuesta legal será entregada al Poder Legislativo el mes de septiembre, por lo que hicieron un llamado al gobierno de Morelos para que en el proceso de construcción de la ley se consideren los aportes de los periodistas y defensores.
Así lo expresaron durante el quinto diálogo organizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que tuvo lugar en el Centro Cultural Teopanzolco, de Morelos. El foro se llevó a cabo con el objetivo de intercambiar ideas sobre el proyecto de ley que pretende “crear un sistema nacional de protección, y definir las competencias de los órdenes de gobierno e instituciones públicas”.
En el primer foro realizado en la Ciudad de México, el gobierno federal manifestó su intención por convocar estas discusiones en distintas entidades del país. Algunas de ellas son Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Al inaugurar el diálogo que concluirá este viernes 25 de marzo, el titular en representación de la Segob en Morelos, Carlos Alberto Brito Ocampo, expuso que las autoridades del estado impulsan esta iniciativa como una forma de “subsanar las áreas de oportunidad de la legislación vigente y para fortalecer la actuación del actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Transcurridos un par minutos, las y los asistentes, periodistas e integrantes de organizaciones sociales, se manifestaron para tomar la palabra: “¡Ni una más, ni una más, ni una activista más”, “ni uno más, ni uno más, ni un periodista más!”, corearon al unísono mientras levantaron el pueño en alto; en la muñeca portaban listones negros como una forma de protesta ante el asesinato de sus colegas.
Desde inicios de 2022 hasta el momento han sido asesinados ocho periodistas en México: José Luis Gamboa Arenas (10 de enero, Veracruz), Margarito Esquivel Martínez (17 de enero, Baja California), Lourdes Maldonado (23 de enero, Baja California), Roberto Toledo (31 de enero, Michoacán), Heber López (10 de febrero, Oaxaca), Jorge Camero Zazueta (24 de febrero, Sonora), Juan Carlos Muñiz (4 de marzo, Zacatecas) y Armando Linares (15 de marzo, Michoacán).
Desde el año 2000, la ONG Artículo 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor profesional. De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa emitida en 2019, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Entre los problemas que se han identificado para que se haga cumplir la ley actual se detacaron: la falta de coordinación y participación corresponsable de autoridades estatales y municipales, el incremento de la violencia en contextos diferenciados, la impunidad y la falta de respuesta del sistema de justicia, y la ausencia de sanciones a servidoras y servidores públicos que agreden a periodistas y personas defensoras.
Así también se propuso que se destinen más recursos al mecanismo de protección.
En la reunión se señaló que es fundamental que exista un mecanismo federal de protección, pero sin descuidar los mecanismos locales que hasta el momento han funcionado de forma limitada: “Un botón de pánico no te quita los balazos”, dijo Francisco Sedeño, periodista de Cuautla, Morelos.
Entre las otras propuestas que presentaron está prever sanciones administrativas y penales en contra de servidoras y servidores públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión para inhibir la práctica periodística y la libertad de expresión, con el fin de remontar los altos índices de impunidad. Incluso, se planteó la creación de un Registro Nacional de Agresores de Periodistas.
De igual modo, se pidió que se incluyera en el mecanismo federal al menos a un o una representante de los mecanismos locales, con voz y voto, y que se estableciera la obligación de realizar conversatorios de manera periódica entre el mecanismo federal y los mecanismos locales, para obtener diagnósticos de lo que ocurre en todo el país.
Sus demandas también incluyen la creación de un marco normativo específico (uno para personas defensoras y otro para periodistas), el establecimiento de albergues destinados a periodistas y a sus familias en caso de que requieran resguardo, así como la inclusión de la perspectiva de género y la definición exacta de perfiles de las personas que podrán acceder al mecanismo de protección (ya que, según denunciaron, ha habido casos de funcionarias y funcionarios que ingresan a éste sin tener una verdadera necesidad).
Fuente: CIMAC-Noticias
