La directora de CIMAC destacó que en lo que va del actual sexenio se han registrado 290 ataques a mujeres periodistas; por ello consideró que además de la importancia del ejercicio transparente de los recursos, el Estado mexicano debe atender la deuda que tienen con periodistas y defensoras.
En un artículo firmado por la periodista Anayeli García Martínez y publicado en el sitio web de CIMAC se da cuenta que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, ha asegurado que no desaparecerán ni están en duda los recursos económicos para la protección a personas que están situación de riesgo por ejercer y defender la libertad de expresión o los Derechos Humanos.
En el foro virtual, las y los diputados de los diversos partidos políticos reconocieron la importancia del trabajo de periodistas y personas defensoras, por esa razón se comprometieron a garantizar los recursos para la protección a esta población, ya sea por medio del fideicomiso, que este año obtuvo 227.6 millones de pesos (mdp), o a través de otro mecanismo.
El diputado Mario Delgado explicó que luego de que en mayo su partido presentó una propuesta para desaparecer 44 fideicomisos, el Poder Legislativo está revisando si éstos funcionan adecuadamente y han logrado los objetivos para los cuales fueron creados y, en caso de ser necesario, acordar si continúan o cuál sería la mejor manera de administrar estos recursos.
Al respecto, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Aarón Mastache, consejeras y consejeros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y representantes de organizaciones civiles explicaron que este fideicomiso no debe desaparecer porque se utiliza para salvaguardar vidas.
Mastache, quien también es coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección explicó que esta institución otorga medidas para proteger la vida de población en riesgo por su trabajo periodístico o la defensa de Derechos Humanos. El último corte indica que hasta mayo sumaban mil 206 personas beneficiadas con medidas de protección.
A su vez, organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo, Artículo 19 y Amnistía Internacional llamaron la atención sobre los riesgos de pasar este fideicomiso a un fondo que operaría la Segob y del cual se podría hacer un uso discrecional; mientras que para Reporteros Sin Fronteras en esta revisión es necesario analizar por qué una empresa privada ha sido la única que puede ofrecer las medidas de protección y por qué no se diversifican los prestadores de servicios.
Las y los representantes de la sociedad civil reiteraron el llamado a no quitar el dinero para la protección de quienes están en peligro, sino de fortalecer este fideicomiso, promover medidas de transparencia del ejercicio de los recursos y no transformar el fideicomiso en un fondo que sólo dejaría la puerta abierta para más discrecionalidad.
Fuente: CIMAC
