Canal de Nicaragua
La afectación de al menos siete áreas protegidas, la destrucción de 193 mil hectáreas de bosques, así como la amenaza al Gran Lago Cocibolca -el reservorio de agua dulce más importante de América Central-, serán entre otros los impactos ambientales que ocasionará la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. El megaproyecto, que triplica la magnitud del Canal de Panamá, afectará también a la población del Territorio Rama y Krio, en la costa Sur Caribe de Nicaragua.
El proyecto de 278 kilómetros de extensión, incluye la construcción de dos puertos, un ferrocarril, un oleoducto y un aeropuerto, pasará por encima de comunidades y dividirá al país en dos, para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Su construcción quedará a cargo de la empresa china de inversiones Hong Kong Nicaragua Canal Desarrollo.
A pesar de que la empresa ya ha entregado el estudio de impactos ambientales y sociales al gobierno de Nicaragua, las comunidades reclaman que no fueron consultadas sobre la construcción, ni informadas sobre los impactos que la obra tendrá sobre sus vidas. En su mayoría, la población de la región donde quedará el Canal depende de la agricultura, de la caza y de la pesca para su subsistencia.
De acuerdo con Amnistía Internacional, en denuncia reciente, más del 50% de la ruta del Canal afectará a comunidades indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Krio. “Es indignante que Nicaragua se proponga seguir adelante con un megaproyecto que destruirá la vida de muchas comunidades sin tener siquiera en cuenta su opinión”, ha afirmado Erika Guevara, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, que critica también el hecho de que las autoridades dan más importancia al dinero que a los derechos humanos fundamentales de las personas.
En marzo de 2015, organizaciones sociales y el Centro por Justicia y Derecho Internacional (Cejil) denunciaron supuestas violaciones de derechos humanos que involucran la construcción del canal interoceánico a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). “La concesión canalera, que incluye más de 10 megaproyectos, fue asignada a un solo proveedor, a quien se le entregaron derechos exclusivos de desarrollo y operación potencialmente por más de 116 años”, señaló Luis Carlos Buob, abogado del CEJIL.
En la ocasión, el abogado también denunció que el proyecto de ley del canal fue aprobado en un proceso legislativo al apuro, marcado por desinformación, falta de análisis, ausencia de consulta pública y violación de la soberanía nacional.
En entrevista con Adital, el presidente de Cáritas de Nicaragua y obispo de Jinotega, monseñor Enrique Herrera, señala que el proyecto no tiene “fundamentos suficientes para lograr la confianza de la población”, y que uno de los pocos posibles beneficios sería la creación de nuevos puestos de trabajo para los nicaragüenses. Para él, es importante que el pueblo afectado exprese su inconformidad. “no podemos ser un pueblo que acepte todo sin hacer uso de su derecho. Sin embargo es triste ver como el derecho de expresión muchas veces es arrebatado con violencia”, señala.
De acuerdo con el religioso, el impacto sobre la población afectada va más allá del desplazamiento de sus propiedades y de sus tierras. Significa “arrancarlos de sus tradiciones y la arraigada cultura campesina de nuestro pueblo”.
Para alertar a las comunidades del país sobre la magnitud del daño causado a la naturaleza, Cáritas Nicaragua está desarrollando un proyecto de concientización del medio ambiente a través de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ (Alabado seas), que tiene por objetivo capacitar a representantes de cada comunidad en la lucha contra la gran obra.
Más informaciones sobre la marcha y los impactos del proyecto se puede revisar en la página de facebook Nicaragua Sin Heridas.
Fuente: ADITAL
