Preocupa la libertad de expresión y derecho a la información de comunidades indígenas en México

Ciudad de México

Durante la actual contingencia sanitaria, ARTICLE 19 realizó entrevistas a nueve personas indígenas de comunidades en Yucatán y Chiapas, en las cuales se pone en evidencia la falta de información clara, oportuna y culturalmente pertinente para las personas hablantes de Ch´ol y Tseltal (Chiapas) y Maya (Yucatán); que trajo como consecuencia temor, la prevalencia de mitos e incertidumbre en relación a las medidas de prevención y los efectos de la enfermedad.  Así, en el caso de la comunidad zoque de Santa María de Chimalapas en Oaxaca, ARTICLE 19 se pronunció debido a la carencia de información sobre los efectos de la enfermedad, la falta de personal médico y de herramientas básicas para la detección de la COVID-19, que provocó el desconocimiento sobre el aumento de probables contagios y muertes en la comunidad, que pudieran estar asociadas con la presencia del virus.

De igual forma, a cinco meses del inicio de la pandemia en México, de acuerdo con datos del INPI el estado de Yucatán se ubicó como primer lugar con el mayor número de decesos de población indígena maya. Esto como consecuencia de la ausencia de información adecuada, así como el exceso de desinformación presente en diversas plataformas sociales. La desinformación también derivó en estigmatización hacia las personas contagiadas por COVID-19 y sus familias, como sucedió en la comisaría de Xoy, ubicada en Peto, en el cual la familia de la primera persona fallecida, al parecer por causas vinculadas con el virus, fue estigmatizada durante la conferencia de prensa del Presidente municipal de Peto, Edgar Calderón Sosa.

La situación de los megaproyectos y el derecho a la consulta previa, libre e informada

Durante la pandemia, las prácticas que excluyen en la toma de decisiones a los pueblos originarios, sigue presente, lo cual favorece  el desarrollo de megaproyectos impuestos a las comunidades indígenas, violando el derecho a la información, al consentimiento, a una consulta previa, libre e informada, así como a la libre determinación de las comunidades indígenas.

Ante esta situación, algunas organizaciones dedicadas a la defensa del territorio y de derechos humanos, como Indignación A.C, han acompañado y documentado casos en la península de Yucatán donde se denuncia la práctica de violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de la implementación de megaproyectos, como la instalación de granjas porcícolas, parques de energías renovables, monocultivos, despojo de tierra de los ejidos, proyectos turísticos y “Tren Maya”.

Respecto a este último, las comunidades indígenas afectadas y las organizaciones civiles que las acompañan han denunciado que, desde que el Gobierno federal anunció su decisión de implementar este proyecto, se ha carecido de información sobre las posibles afectaciones al Corredor Biológico Mesoamericano, que conforma veintitrés áreas protegidas a nivel estatal y federal que tienen gran relevancia ambiental.

La práctica de no garantizar, ni respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de sus comunidades se replica, por ejemplo, en el caso del corredor Interoceánico en Oaxaca y en Veracruz, el cual plantea el desarrollo de megaproyectos en la región del Istmo de Tehuantepec; entre los cuales se incluye la minería a cielo abierto, que la actual administración, por medio de una concesión, cedió a una empresa canadiense.

En este sentido, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas y la organización Maderas del Pueblo, A.C. han documentado el caso de minería en el territorio comunal y municipal de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Tanto los pobladores y autoridades indígenas zoques han denunciado y rechazado el proyecto de “Santa Martha”, promovido por la empresa canadiense Minaurum Gold Coper, que pretende otorgar permisos de exploración de minas a cielo abierto en un total de 30 mil hectáreas en toda la región.

Por su parte, en el estado Chiapas, ARTICLE 19 ha monitoreado las protestas del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), con presencia en 11 municipios del norte y los altos de Chiapas. Dicho movimiento exige que pare la imposición de la militarización de la “Guardia Nacional” en comunidades indígenas, ya que ha sido impuesto como un instrumento de represión a la libertad y autonomía de los pueblos. Denuncian también la imposición del proyecto de carretera Palenque- San Cristóbal, así como la presión política y amenazas a las autoridades comunitarias para el consentimiento del “Tren Maya”.

La situación de comunicadores y periodistas indígenas

En México, las y los periodistas indígenas se enfrentan a un doble riesgo, debido a su labor periodística y a su pertenencia a un grupo indígena. En el primer semestre de 2020, Artículo 19 registró 8 ataques contra radios indígenas y 9 agresiones contra periodistas indígenas. Los ataques más comunes contra periodistas indígenas son las amenazas de muerte, la intimidación y el hostigamiento, detenciones arbitrarias y el bloqueo de información.

Un ejemplo es el periodista maya Ricardo Cárdenas, quien ha sufrido ataques desde 2017 debido a su cobertura enfocada principalmente en corrupción y política. Los ataques han consistido en amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, acceso ilegal a sus cuentas en plataformas sociales y a la página web de su medio. El ataque más reciente se produjo en mayo, cuando un funcionario público amenazó con denunciarlo por «información falsa». Esto después de que Cárdenas publicó una investigación sobre la entrega discriminatoria de alimentos durante la pandemia.

La gravedad de los ataques contra periodistas indígenas aumentó a causa de la pandemia. Por ejemplo, el 22 de junio, desconocidos amenazaron con quemar las instalaciones de la estación de radio indígena Radio Ayuuk 99.1 FM en San Juan Guichicovi, Oaxaca, esto si seguían informando sobre temas relacionados con COVID-19.

Fuente: ARTICLE 19