En los últimos años, una gran parte del territorio amazónico soporta un crecimiento alarmante de la minería ilegal, estimulada por el precio del oro y otros minerales preciosos que alberga en sus entrañas. A esta realidad se suma la gestión del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien alcanzó el poder por el auspicio de intereses de la agroindustria que controla la mayor parte del territorio de la amazonía.
Según un reciente informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), con datos de seis países de la región -Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela-, recogidos por ocho grupos de ambientalistas apartidistas que elaboraron un mapa a partir de imágenes de satélite, evidencia que Venezuela tiene más minas ilegales que cualquier otro de los países estudiados, seguido por Brasil y Ecuador. Un informe de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, titulado «El crimen organizado y la minería ilegal del oro en América Latina» publicado en 2016, ya revelaba que entre 80 y el 90 % del mineral producido en Venezuela es ilegal.
El mapa publicado por RAISG muestra que hay minería ilegal en 37 territorios indígenas, dieciocho de ellos en Brasil, y que hay sitios cerca o alrededor de otros 78 territorios. Según Alicia Rolla, una de las coordinadoras de la RAISG, «la situación actual es peor que nunca».
Según el Observatorio del Clima, los datos del Deter B, un sistema del Instituto Nacional de Estudios Espaciales que controla la Amazonia en tiempo casi real, muestran que la tasa de deforestación ha subido un 36% entre junio y septiembre, período de la precampaña y campaña electoral.
La preocupación de organizaciones y líderes ambientalistas es que una vez que Bolsonaro asumió el poder en Brasil, a más de la minería ilegal comience también una época dorada para los agronegocios.
Con la fusión de los ministerios de agricultura y medioambiente, una de las primeras promesas de campaña, el nuevo presidente dejó claro que la política ambiental quedará relegada a la agresiva explotación de la tierra.
Además, cuando aún era precandidato a la presidencia, ya anunció que no demarcaría las tierras indígenas, una exigencia histórica que garantizaría la conservación de sus modos de vida. En tono despectivo dijo que «el indio es nuestro hermano, quiere ser reintegrado a la sociedad. El indio ya tiene demasiada tierra, vamos a tratarlos como seres humanos».
Su promesa de campaña se convirtió en su primer decreto presidencial según el cual la demarcación de las tierras indígenas deja de ser responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (Funai), para pasar al control del Ministerio de Agricultura.
Redacción de SIGNIS ALC, a partir de la publicación del Observatorio de conflictos Mineros de América Latina, OCMAL/ www.lavozdegalicia.es
