La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró muy preocupada por el uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y periodistas, así como por las detenciones en el marco de las protestas convocadas pacíficamente en Perú. La Relatoría llamó al Estado a garantizar el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión y le solicita abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones indiscriminadas en manifestaciones públicas.Según la RELE, la Policía Nacional utilizó gases lacrimógenos y perdigones de forma masiva e indiscriminada durante las protestas ciudadanas registradas luego de la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra y la toma de juramento al presidente interino Manuel Merino, lo que dejó varios heridos. Entre dichas personas se encontrarían dos jóvenes con heridas de bala, y personas con heridas graves en el rostro y extremidades causadas por el impacto de perdigones. Asimismo, según medios de información nacionales entre ellos algunos que citan fuentes oficiales, habría al menos 30 personas detenidas. Entre ellas se encontraba una adolescente de 14 años, que pasó la noche allí luego de ser forcejeada y detenida junto a su hermana y también un adolescente de 15 años de edad.Así también se denunció que varias personas habrían sido requeridas por la policía para firmar actas de intervención y detención, sin la presencia de la Fiscalía y sin asesoría jurídica debido a la negativa de la policía a autorizar, en ciertos casos, la comunicación entre los detenidos y abogados de la CNDDHH, aspectos que ponen en cuestión el derecho de defensa.La Relatoría da cuenta que también ha sido informada sobre la presencia de policías vestidos de civil presuntamente infiltrados en las manifestaciones para detener personas, a pesar de que estos tienen que estar uniformados e identificados. La Relatoría destaca que es particularmente grave la infiltración y otras actividades similares de inteligencia encubierta sobre manifestantes sin una orden judicial.
Por otro lado, se habrían emitido papeletas contra los manifestantes con sanciones administrativas por infracciones a las normas sobre confinamiento y aislamiento social como el Decreto Supremo N° 006-2020-IN, emitido con anterioridad a la vacancia con el objetivo de proteger la vida y salud de la población en el marco del COVID-19. Con base en dicha norma, se habrían impuesto sanciones de S/. 387 nuevos soles al equiparar la participación en una protesta con la celebración de reuniones sociales y recreativas. Según información recibida, lo anterior se estaría realizando con el objetivo de disuadir a las personas de que salgan a manifestarse, a pesar de la importancia del derecho de protesta para la democracia y la existencia de medidas menos restrictivas con base en criterios de necesidad y proporcionalidad, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.
Asimismo, la Relatoría Especial fue informada de que al menos 26 periodistas y reporteros gráficos habrían sido agredidos en el marco de su labor periodística al cubrir las protestas, tanto en Lima como en otras partes del país. Según indicó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), los trabajadores atacados pertenecen al grupo El Comercio, La República, Wayka, Exitosa, Huku Comunicaciones, entre otros medios.La Relatoría recuerda que es deber del Estado garantizar el ejercicio del derecho de protesta, que incluye los derechos de reunión pacífica y sin armas, de asociación y libertad de expresión. Tanto en su ejercicio individual como colectivo, la protesta está dirigida a expresar públicamente opiniones, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia, o reivindicación, como así también a demandar el cumplimiento de derechos. La protesta juega un papel central para la defensa de la democracia. Por eso, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público.
SIGNIS ALC, fiel a su misión de responder a los “grandes desafíos en torno a la pobreza, injusticias, inequidad, exclusión social, falta de educación en la democracia y globalización de la indiferencia”, que asumió en su mandato institucional, para “continuar trabajando por el presente y futuro de nuestros pueblos”, expresa su preocupación por la grave crisis política que amenaza la democracia en nuestro querido país hermano y extiende su abrazo solidario con todo su pueblo y de manera con las familias de los jóvenes asesinados y de los comunicadores agredidos y detenidos por cumplir su trabajo profesional en el marco de las protestas ciudadanas.
Fuente: RELE
