La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó sobre el aumento del número de asesinatos y amenazas en contra de los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en la región de la Costa del Pacífico de Colombia. En la mayoría de los casos, las víctimas pertenecen a las comunidades indígenas y afro-colombianas.

La implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunciado en 2016, significó muchos desafíos para las comunidades afectadas por la presencia de grupos armados y de actividades ilícitas como tráfico de drogas y extracción ilegal de minerales. El vacío de poder dejado por la desmovilización de las FARC transformó muchas áreas en territorios en disputa entre grupos armados ilegales, nuevos y antiguos, de acuerdo con la agencia de la ONU.

En total, se registraron 78 muertes de líderes y miembros de organizaciones sociales este año, y al menos 13 sospechas de asesinatos. Desde cualquier perspectiva, la situación es alarmante, de acuerdo con la agencia de la ONU.

A mediados de octubre, José Jair Cortés, líder de la comunidad afro-colombiana de Alto Mira y Frontera, en Tumaco, fue asesinado por un grupo armado desconocido. Desde entonces, de acuerdo con la oficina del ACNUR en Colombia, al menos siete líderes fueron asesinados y muchos otros recibieron amenazas.

Cortés ya estaba bajo protección de las autoridades en el momento de su asesinato debido a las varias amenazas que estaba recibiendo. Él fue uno de los líderes del Consejo Comunitario de Afro-Colombianos, grupo afectado por desplazamiento masivo y aislamiento.

Cerca de 1.500 personas fueron desplazadas en 2017 y muchas otras viven en situación de aislamiento, lo que significa que no pueden acceder a plantaciones o salir a pescar y satisfacer sus necesidades básicas y de subsistencia.

Entre los días 7 y 12 de noviembre, más de 46 familias fueron desplazadas a la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco (departamento de Nariño). Los líderes de estas áreas creen que el número real de víctimas puede ser mucho mayor, ya que la gente tiene miedo de denunciar los abusos.

El ACNUR recomienda a las autoridades colombianas que implementen medidas de protección adicionales tanto para las personas en riesgo, como para las comunidades afectadas. Estas medidas deben incluir la presencia policial en áreas específicas, el establecimiento de una infraestructura de telecomunicaciones para mejorar las comunicaciones y otras medidas.

De igual modo, es importante hacer consultas a las autoridades y comunidades afro-colombianas e indígenas en varios departamentos afectados por la presencia continua de grupos armados ilegales, a fin de responder eficazmente a los desafíos del acuerdo de paz, según la agencia de la ONU.

Fuente: ONU Brasil