En Ecuador, existen cientos de personas criminalizadas por exigir sus derechos, por protestar, por defender la vida, por exigir justicia, por defender sus territorios, por exigir una educación libre, por defender la organización sindical. Ese es el balance que hace el colectivo Resistir es mi Derecho, sobre la violación a los Derechos Humanos, a propósito de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre.

Según se señala en el informe sobre la criminalización de la protesta social y el derecho a la resistencia, “del 2007 al 2015 se registran a nivel nacional 80 procesos penales y cerca de 700 personas a las que se ha criminalizado mediante el uso del derecho penal, en contextos de movilización o protesta social”.

El documento señala que el “derecho penal está siendo utilizado para enjuiciar a quienes participan de acciones legítimas de resistencia, protesta y movilización social, restringiendo así los derechos de asociación, reunión, expresión y participación política de lo defensoras y defensores de derechos humanos. Además se usa para legitimar la actuación ilegal de la Policía y Fuerzas Armadas en territorio de pueblos y nacionalidades indígenas, a la vez que restringir derechos humanos como el domicilio”.

Solo en el año 2015, más de 100 personas fueron judicializadas durante las jornadas de movilización del Levantamiento y el Paro Nacional, impulsadas por el movimiento indígena, organizaciones sindicales y sociales. Varias ya han sido sentenciadas con prision y grandes multas, otras podrían ser sancionadas e ir a la cárcel.

Los últimos casos de criminalización incluyen a 41 indígenas shuar que paarticiparonen la toma del campamento de la empresa minera Explorcobres, EXSA, sucedido el  pasado 21 de noviembre, que han sido citados por la Fiscalía de Gualaquiza a presentar sus versiones sobre los acontecimientos. Entre las personas llamadas a declarar están  todos los miembros de la Junta Parroquial de San Carlos, el presidente y vicepresidente de la Junta Parroquial de Panantza, los principales dirigentes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar de Morona Santiago y líderes de los principales centros shuar de la zona.  Esta lista de  41 personas la obtuvo la justicia de las versiones de 2 trabajadores de la empresa china. Entre tanto, en la provincia de Pastaza han sido procesadas 7 personas, acusadas del delito de ataque y resistencia, que puede ser sancionado de 6 meses a 2 años de prisión. Las 7 personas fueron sentenciadas a 6 meses de prisión y el pago de 3 salarios minimos vitales, que equivale a 1098 dólares cada uno.

En cambio en la comunidad de Saraguro, 31 personas fueron procesadas, de los cuales 12 son mujeres y 19 son hombres. De las 31 personas, 2 mujeres fueron sobreseídas, por lo que quedaron 29 personas judicializadas. Dos personas fueron sentenciadas a 4 años de prisión: Luisa Lozano, mujer campesina e indígena y Amable Angamarca comunicador comunitario de la Radio Buen Pastor.  Mientras que  5 fueron sobreseídos.

En la provincia de Cotopaxi, en el centro andino del país, 4 indígenas fueron acusados del delito de ataque o resistencia luego del Levantamiento del 2015. Durante el desalojo de la panamericana, uno de los manifestantes perdió un ojo debido al impacto de una bomba lacrimógena.  Los cuatro indígenas fueron sancionados a recibir capacitación de convivencia respecto de la seguridad interna del país y el orden público, por el lapso de un año,  y realizar trabajos comunitarios.

En la provincia de Orellana, población de Loreto, el día 17 de agosto del 2015, durante las protestas en la provincia de Orellana cantón Loreto, parroquia Puerto Murialdo, son detenidas 8 personas. En un primer momento se les quería acusar  por el delito de Sabotaje, pero no se encontraron elementos suficientes por lo que se reformularon los cargos a Paralización de Servicios Públicos. Los acusados se someterán a procedimiento abreviado

Para la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH (2015), “la criminalización ocurre cuando la justicia se convierte en un arma de represión contra los defensores del derecho a la tierra en lugar de un mecanismo de cumplimiento de los estándares de derechos humanos y adopta diferentes modalidades, como el hostigamiento judicial a líderes de movimientos y organizaciones o miembros de comunidades mediante diversos tipos penales, la adopción de medidas administrativas en contra de las organizaciones, todo lo cual, frecuentemente va acompañado de discursos que deslegitiman su labor”.

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