El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), presentaron una denuncia contra el Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La demanda se refiere al asesinato de Nery Geremías Orellana, ocurrido el 14 de julio de 2011, y que desde entonces sigue en la impunidad.
Orellana, de 26 años, era director de Radio Joconguera, ubicada en el municipio de Candelaria, Lempira, y que también se desempeñaba como corresponsal de Radio Progreso.
Seis años han pasado desde que el comunicador fue asesinado, sin que las autoridades hondureñas hayan realizado una investigación seria y efectiva para dar con los responsables intelectuales y materiales del crimen. Al contrario, han cometido una serie de graves omisiones que demuestran la falta de la debida diligencia y que hacen surgir la responsabilidad internacional del Estado.
Por su trabajo, Orellana recibió amenazas que se concretaron el 14 de julio de 2011 cuando viajaba en motocicleta hacia la radio Joconguera y fue interceptado por sicarios que le dispararon varias veces en la cabeza. Aunque fue trasladado con vida al hospital más cercano, falleció horas después.
Nery pasó a engrosar la trágica lista de las 69 de personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios, que han sido asesinadas en el período 2001-2017, y que de acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el 91% de los casos se encuentra en total impunidad.
Como comunicador social, Nery mantuvo una posición crítica frente al golpe de Estado en 2009, realizó serios señalamientos sobre deficiencias en los servicios de salud pública administrados por la Mancomunidad de Mocalempa y dio cobertura a los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos de la cooperación internacional recibidos por el Comité Central Pro-Agua de Desarrollo Integral (COCEPRADIL).
Para el ERIC y la Clínica de Derechos Humanos de la UCLA, esta demanda es fundamental para lograr que el Estado esclarezca el asesinato de Nery, identifique y sancione a todos los responsables, repare a su familia sobre las consecuencias morales y materiales de su muerte, y adopte medidas para evitar la repetición de hechos como este.
Fuente: Radio Progreso, Honduras
