Brasil.-La explotación de madera, caza, pesca, pecuária y minería, tanto en áreas demarcadas como fuera e ellas, son entre otras las violaciones que denuncian los indígenas de la región del medio del rio Solimões. A estas violaciones se agrega el hecho de que existe una ausencia de políticas públicas específicas a favor de los pueblos indígenas.
No obstante este panorama de violencia e irrespeto a los pueblos indígenas, hay mucha fuerza, resistencia y esperanza en la lucha en defensa de sus derechos. En 2016, el análisis de la conyuntura indígena concluía que la situación no era nada animadora. Cambios en la legislación dejaron a los pueblos indígenas desprotegidos y expuestos a la acción de invasores, que tienen como blanco las tierras y sus recursos naturales.
Desatendidas, las comunidades quedan vulnerables a las violaciones de sus derechos y el saqueamiento de sus territorios. En la región del medio del rio Solimões, las violaciones apuntadas por los indígenas en las áreas demarcadas como fuera de ellas, entre otras.
Tras un año de esa crítica, la situación se agravó. El debilitamiento de los órganos de fiscalización y seguridad y la comisión de investigación (CPI) de la FUNAI e INCRA hecha por la bancada ruralista, concluída en mayo de 2017, viene permitiendo aún más ataques y violencia. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, en el primer semestre de 2017 fueron más de 40 muertes en conflictos en el campo. Para dom Murilo Krieger, vice-presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), “desde que la CPI comenzó a funcionar, aquellos que quisieran ocupar más tierras utilizarán más violencia para eso”. El religioso comenta que la CPI “solo dio voz para quien estaba en contra de los indígenas, no sentenció a los hacendados. Ellos quieren mostrar que los indios no tienen derechos y que sus tierras pueden volverse haciendas”.
Esa tendencia aparece también en el Poder Judicial. Recientemente, el Tribunal Regional Federal de la 4º región anuló tres decretos del Ministro de Justicia que había declarado la posesión tradicional de las tierras del pueblo Guarani, en Santa Catarina. Esa actitud remite a una de las intenciones de la Propuesta de Emienda a la Constitución (PEC) 215 que, entre otras amenazas, instituyó el marco temporal para el reconocimiento de la ocupación tradicional indígena. Con ello, solo podrian ser consideradas tierras tradicionales aquellas que estuviesen bajo posesión de los indígenas a la fecha del 5 de octubre de 1988, fecha de la Constitución Federal, sin considerar la expulsión de grupos indígenas de sus tierras tradicionales por conflictos fundiários o por acciones de la dictadura militar. Con la aprobación de al PEC y la institucion del marco temporal, vendrán más ataques al legítimo derecho de los indígenas al territorio.
Fuente: POM / Cimi
