Cuatro redes latinoamericanas de comunicación (AMARC ALC; WACC AL, SIGNIS ALC y OBSERVACOM), solicitaron ser recibidas en audiencia, durante el 185 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se llevará a cabo del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2022. En el pedido de las redes de comunicación se expone la necesidad de poner en agenda y visibilizar los problemas que afrontan los medios comunitarios e indígenas en la región.
En la solicitud se señala también la importancia de exponer sobre la existencia de marcos normativos discriminatorios e incompatibles con estándares de libertad de expresión.
El documento fue presentado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y el Caribe (AMARC ALC), la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana en América Latina (WACC AL), la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (SIGNIS ALC) y OBSERVACOM.
De ser aceptada la solicitud de audiencia, las redes de comunicación esperan que la Comisión conozca la información sobre la realidad que enfrentan los medios comunitarios y que analice y proponga líneas de acción para incluir en sus próximos informes, apuntando a garantizar la diversidad y el pluralismo de medios, y la sostenibilidad de los integrantes del sistema mediático, en especial de los medios comunitarios e indígenas.
En la solicitud presentada se menciona que desde hace tiempo los informes de la Relatoría referentes a la libertad de expresión muestran progresos, pero también incompatibilidades con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en diferentes países de la región, en cuanto a normativas sobre radiodifusión y servicios audiovisuales.
En este sentido, en la solicitud se menciona que sigue habiendo violaciones sistemáticas a los estándares de libertad de expresión en materia de radiodifusión, especialmente en el acceso a fundar medios propios, por parte de comunidades, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Esto se ve reflejado en los procesos de obtención de licencias así como en las condiciones de uso de los medios que se otorgan.
Por otro lado, las redes de comunicación solicitantes de la audiencia afirman que la normativa existente en la región sobre el financiamiento y sostenibilidad de los medios comunitarios, generalmente tienen un efecto obstruccionista, generando enormes dificultades para el desarrollo del sector.
Además, se menciona que la normativa penal que se aplica a los medios comunitarios e indígenas es incompatible con el Sistema Interamericano de Derechos humano (SIDH). Por ejemplo, en Chile y Guatemala “se castigan a quienes no pueden acceder legalmente a la operación de sus emisoras con tipologías jurídicas, no solo desproporcionadamente represivas, sino además violatorias del principio de legalidad”.
Fuente: OBSERVACOM
