Relatores Especiales de las Naciones Unidas en derechos humanos pidieron al gobierno nicaragüense cesar de forma “inmediata” la violencia y represión, para culminar la crisis social que explotó hace dos meses y que hasta el momento ha dejado a 148 personas fallecidas y más de 1 mil 300 heridos.
Estamos profundamente preocupados por la violencia sostenida en Nicaragua desde el 18 de abril; se debe encontrar un camino inmediato y coherente mediante un diálogo político genuino como primer paso para aplacar la situación y poner fin a la crisis, aseguraron los expertos en una declaración conjunta lanzada este jueves.
Los Relatores instaron al gobierno a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de la visita que realizaron a Nicaragua entre el 17 y 21 de mayo, las cuales fueron aceptadas por el Organismo Ejecutivo.
Lo exhortaron además a cooperar plenamente con el mecanismo de seguimiento encargo de verificar la implementación de las recomendaciones, así como con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigará los recientes actos de violencia.
Si bien los expertos de Naciones Unidas reconocieron que existen pasos en la dirección correcta, se mostraron consternados debido a que la represión y el uso de la fuerza excesiva e indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad, incluida la policía antimotines y grupo pro-gubernamentales, no se ha detenido.
Producto de estos actos violentos, al menos 148 personas han fallecido y 1 mil 337 resultaron heridas, además se han producido presuntas detenciones arbitrarias, cierres y ataques cibernéticos a medios de comunicaciones y ataques a ciertas Universidades.
El grupo de expertos reiteró su “profunda preocupación” por las constantes amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes, estudiantes y manifestantes que apoyan las marchas pacíficas; asimismo, se mostraron consternados por los recurrentes informes que desacreditan a los activistas y los colocan en una situación de riesgos, por lo que exhortaron al Estado a que los proteja y garantice que puedan llevar a cabo su labor de manera segura.
Fuente: CERIGUA
