Washington D.C.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de los periodistas Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo De León Miranda, e instó a a las autoridades guatemaltecas a actuar con prontitud y diligencia para aclarar si los mismos estuvieron vinculados al ejercicio del periodismo e identificar y sancionar a los responsables. Los asesinatos se registraron en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez.

 

Según la información, el 1 de febrero en un cañaveral en la comunidad de Bolivia fueron hallados los cuerpos sin vida, con heridas de arma de fuego en la cabeza y atados de pies y manos, de Castillo Cifuentes, quien era corresponsal de Nuestro Diario en Coatepeque, y De León Miranda, publicista trabajador de una emisora local. Ambos comunicadores se encontraban trabajando en conjunto para la publicación de un reportaje sobre el carnaval mazateco. Castillo Cifuentes habría recibido recientemente llamadas exigiéndole pago de extorsión.

 

La Relatoría Especial observa que pese a las recomendaciones realizadas al Estado de Guatemala en seguimiento a la visita in loco  realizada en 2017 por la Comisión Interamericana y el anuncio por parte del mismo sobre la creación de un Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales en el país, hasta la fecha no hubo avances concretos en dicha materia. En reiteradas oportunidades la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado la creación de un programa para la protección de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Guatemala, debido a la situación de violencia y a las agresiones que enfrentan periodistas y comunicadores desde hace más de una década en ese país.

 

Esta Oficina insta al Estado de Guatemala a avanzar en la creación de dicho mecanismo y garantizar que su contenido esté de acuerdo con los parámetros internacionales y en consulta efectiva y amplia con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de medios.

 

Fuente: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión