Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró preocupada por las intimaciones dirigidas a periodistas del Instituto de Defensa Legal (IDL-Reporteros) por parte de una fiscalía y del Congreso de Perú, que amenazan su derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes en el contexto de investigaciones periodísticas que revelarían hechos de corrupción en el ámbito del Poder Judicial y el Consejo Nacional de Magistratura.
Según la información recibida, los periodistas Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, director del Instituto de Defensa Legal (IDL-Reporteros), y Rossana Cueva Mejía, directora del Programa Periodístico “Panorama”, fueron citados para el día 12 de julio a una Sesión Extraordinaria en el Congreso de la República de Perú, convocada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que tiene como orden del día abordar la “Denuncia en relación a las interceptaciones telefónicas realizada[s]”. El objeto de la citación a los periodistas es para “[i]nformar la forma y circunstancias por el cual obtuvo los audios y/o documentación en relación a las interceptaciones telefónicas realizada[s]”. Además, en el documento, se le requiere “[e]ntregue a esta comisión los audios y/o documentación original que sustentaron el mencionado reportaje”.
Estos medios divulgaron a comienzos de esta semana una serie de audios en los que representantes del Consejo de la Magistratura se verían involucrados en un presunto tráfico de influencias.
A su vez, el lunes 10, la fiscalía anticorrupción habría iniciado investigaciones sobre las presuntas irregularidades denunciadas por IDL-Reporteros y Panorama. Según se informó, esa fiscalía habría dispuesto una orden de exhibición de documentos la redacción de IDL Reporteros para acceder al material y el trabajo periodístico realizado. La diligencia habría comenzado a ejecutarse, pero la misma fue suspendida. Luego de una alerta, emitida por organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio Público en la misma fecha emitió un Comunicado de Prensa asegurando que “El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Verlarde, reitera su respeto a la libertad de prensa y afirma que durante toda su trayectoria fiscal y personal ha sido un firme defensor de los valores democráticos de nuestra sociedad”.
La Relatoría Especial expresa su preocupación por la situación creada en torno a estos periodistas, y recuerda que cualquier medida tendiente a incautar material periodístico, que requiera relevar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos, tiene un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión. Conforme el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Joel Hernández, Comisionado y Relator de la CIDH para Perú expresó que “las investigaciones sobre hechos de corrupción no deben afectar a los periodistas que, en el ejercicio de su profesión, coadyuvaron a que la sociedad conociera los hechos que ameritaron esas mismas indagatorias”.
El Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza recordó que “la confidencialidad de la fuente es un elemento esencial de la labor del periodista y del papel que la sociedad ha conferido a los periodistas de informar sobre cuestiones de interés público”.
La Relatoría Especial recuerda que la importancia del derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que, a fin de proveer al público de información necesaria para satisfacer su derecho a recibir información, los periodistas realizan un importante servicio al público cuando recaban y difunden información que no sería divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida. La confidencialidad, por lo tanto, es esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen en la sociedad de informar sobre asuntos de interés público.
Fuente: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
