Quito.- Una articulación del aparato estatal para la persecución y la supresión de las libertades fundamentales.
Así puede resumirse la situación de la libertad de la de expresión durante el gobierno de Rafael Correa, de acuerdo a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en palabras de Edison Lanza, titular del organismo.
La reparación a las víctimas es también una de las principales recomendaciones del informe preliminar sobre este ámbito, presentado, este 24 de agosto, en rueda de prensa.
Estrategias para limitar la libertad de expresión
Según el funcionario, el descrédito y la estigmatización por parte de la propia cabeza de gobierno, la injerencia directa en la justicia por parte del ejecutivo y la restricción de publicidad oficial fueron algunas de las estrategias utilizadas por la administración anterior para acallar las voces disidentes de dirigentes sociales, periodistas y medios de comunicación.
Sin embargo, el punto culminante fue la aprobación de la actual Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que, de acuerdo a Lanza, estuvo desde un principio orientada a la sanción, a través de la figura de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
Lanza acusó a esta institución de rara vez procesar verdaderos requerimientos del ciudadano común, sino, en general, de organismos públicos y militantes del partido de gobierno.
Asimismo, aludió al mal uso de los artículos del Código Penal Integrado referentes a la calumnia y a la injuria, que, además de no cumplir con los estándares internacionales, se habrían redactado intencionalmente de una manera ambigua para dificultar e impedir la investigación periodística.
No obstante, resaltó que en el gobierno actual se están tomando medidas para revertir esta situación, como el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de ley de reformas a la LOC; los indultos a los perseguidos; la devolución a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de su personería jurídica y sede histórica; la revocación de la normativa que restringía el derecho a la asociación; y el anuncio por parte del gobierno de la creación de una Comisión para la protección de los periodistas.
De igual manera, destacó el reconocimiento por parte de la actual administración del valor de la prensa y la importancia de la libertad de expresión para el funcionamiento democrático.
Recomendaciones
Por último, el relator enumeró las principales recomendaciones de la CIDH para restaurar completamente la libertad de expresión en el país, entre las que se pueden mencionar la reforma de la LOC y de los artículos penales anteriormente citados, de acuerdo a los estándares internacionales; un mayor acceso a la información pública, por parte de las instituciones; y el recurrir a estrategias de negociación en las situaciones de protesta social, en lugar de al “uso excesivo de la fuerza”.
Sobre el mismo aspecto, instó a la creación de una política de protección para los periodistas vinculado con el aparato de justicia, cuya ausencia se habría evidenciado en el caso de los periodistas de Diario El Comercio asesinados. “Si bien hubo un esfuerzo por activar un protocolo de seguridad, claramente fue insuficiente”, señaló.
Al respecto, indicó que esta debe incluir investigaciones y sanciones en los casos de amedrentamiento contra los comunicadores, pues estas “representan el mejor mecanismo de prevención”.
También ve necesaria la generación de políticas de seguridad digital, tomando en cuenta que, al igual que en tiempos de Correa, en la actualidad continúan utilizándose “instrumentos ilegítimos”, como la Ley de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, para bloquear o dar de baja las cuentas en redes sociales de los críticos del gobierno. “Debe haber una política específica para prevenir esto”, expresó.
En lo referente al uso de frecuencias, cuestionó la renovación automática que proponen los medios privados, enfatizando que deben predominar los concursos legales y transparentes, de modo de favorecer el acceso a todos los sectores. “No debe primar la agenda de alguien”. Considera que una alternativa es que los medios públicos cedan una parte de su espacio. “No hay la necesidad de una reserva para los medios públicos”, opina.
Por último, señaló que la reparación a las víctimas es indispensable para afianzar esta reinstalación de la libertad de expresión, lo que incluiría una revisión de todas las sanciones interpuestas por la Supercom, la amnistía a los periodistas y defensores perseguidos, la puesta en marcha de procesos de memoria y verdad –a través de los cuales las víctimas puedan conocer toda la información posible sobre sus casos, incluyendo los actores involucrados- y participación del gobierno en los mecanismos de solución de los 60 casos presentados ante la CIDH que involucran violaciones a la libertad de expresión.
“Cuando hay violaciones, el Estado tiene la obligación de sancionar o reparar”, enfatizó.
Lanza cumplió una visita al Ecuador, entre el 20 y 24 de agosto, en respuesta a una invitación del presidente de ese país, Lenín Moreno, con quien se reunió el 23 de agosto.
Está previsto que el informe final definitivo sobre la libertad de expresión en Ecuador esté listo en 3 meses aproximadamente.
Redacción: SIGNIS ALC
