América.- En el marco de su reciente reunión, que se cumplió en la capital del estado de Utah, Estados Unidos, del 27 al 30 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en la región se ha consolidado un patrón de agresiones que afecta el ejercicio del periodismo y que proviene tanto del crimen organizado como de autoridades y gobiernos.Tras la revisión del comportamiento semestral de la libertad de prensa, país por país, la SIP apuntó que prolifera la violencia en contra de los periodistas y de los medios, así como de leyes y proyectos que intentan controla la actividad periodística.
Así también, señala que, además de la violencia, las presiones por parte de las autoridades y la falta de acceso a las informaciones oficiales constituyen los principales obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano, según los informes de cada país que se han conocido durante la 73ª Asamblea Interamericana de la Prensa, reunida en Salt Lake City, Utah.
En el informe de la SIP se señala que durante el año 2017 parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto por parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos.
Esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato; así, se han registrado embestidas en Bolivia, en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En Argentina se registró un caso de claro intento de asesinato de un periodista; y en México y en Honduras, desde la reunión anterior de la SIP en el mes de abril, desgraciadamente los crímenes dejaron 10 periodistas muertos, siete en México y tres en Honduras; en lo que va del año 2017 ya son 18 los comunicadores que han caído víctimas de un crimen.
Los asesinatos son la expresión máxima de brutalidad que puede alcanzar la censura; pero no termina ahí la persecución a los profesionales de la comunicación, puesto que luego de cometidos los crímenes sus autores, en casi todos los casos, quedan en la impunidad más absoluta.
Las investigaciones rara vez logran capturarlos y cuando lo hacen, sólo logran identificar a los autores materiales, pero quienes planifican el crimen no logran ser detectados; va pasando el tiempo y el delito prescribe, con lo que quienes han organizado esta acción consiguen sus objetivos: han silenciado a un periodista, han enviado un mensaje amenazador y no han recibido castigo alguno.
El hostigamiento a la prensa se manifiesta también en las legislaciones y los proyectos de leyes que se discuten en diversos países del continente; en muchos de estos, las autoridades procuran inmiscuirse en los contenidos editoriales, como en Venezuela, El Salvador o en Colombia, donde un fallo de la Corte Constitucional ordena a los medios actualizar de oficio la información que publiquen en internet.
En Ecuador, aún se mantiene vigente la estructura legal heredada del gobierno anterior que creó un sistema procesal y una Superintendencia de Comunicación que actúan en contra de la libertad de prensa.
En Argentina es el Ejecutivo el encargado de dictar el reglamento y en Honduras, Nicaragua y República Dominicana existen disposiciones legales que impiden el acceso a la información o, simplemente, aunque existe una ley, se ponen trabas a su cumplimiento.
Por otra parte, los ataques contra los medios de prensa apelando al término “fake news” o “noticias falsas” parecen ganar cada vez más espacio en la región; detrás de esta arremetida contra la labor de los periodistas por parte de funcionarios o gobiernos hay una clara intención de desacreditar el trabajo de los informadores, especialmente cuando se trata de notas o reportes que no les son favorables.
Junto a este panorama de debilitamiento de la libertad de prensa, se reportan algunos hechos de connotación positiva, como el dictado de sentencias en contra de los autores materiales de asesinatos de periodistas en Colombia y Guatemala, un clima de mayor respeto a la libertad de expresión en Ecuador y la posibilidad casi cierta de una mejor protección del secreto de la fuente en Canadá.
Fuente: Cerigua
