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22 noviembre 2022

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SIP preocupada por sentencia contra directora y periodista de ABC Color

SIP preocupada por sentencia contra directora y periodista de ABC Color

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la sentencia condenatoria contra la directora y un periodista del diario ABC Color, de Paraguay, quienes fueron enjuiciados por una acusación por difamación. Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano, de ABC Color fueron acusados por la exministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González Ayala, por información publicada en el diario sobre presuntas irregularidades durante el proceso de licitación para actualizar el sistema tributario.

 

La sentencia, que será apelada, obliga a Zuccolillo a compensar a la exfuncionaria con más de 68 mil dólares, y a Lezcano a pagar cerca de 840 dólares.

 

Para la SIP, la sentencia judicial quebranta principios interamericanos sobre libertad de prensa y el posible efecto del fallo será la autocensura en el periodismo investigativo.

 

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó: “Aunque respetamos los fallos judiciales, la SIP considera que cuando hay un conflicto entre dos principios fundamentales, como la libertad de prensa y la protección de la reputación de los funcionarios en temas de interés público, la justicia debe favorecer la libertad de prensa, como establece la jurisprudencia interamericana”.

 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que la organización “está muy atenta al proceso judicial y confiamos en que se abra una instancia de apelación”. Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, se refirió además al tercer principio de la Declaración de Salta de la SIP, que subraya que los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público.

 

Los directivos de la SIP coincidieron en remarcar el potencial efecto negativo de autocensura y a la fiscalización de la cosa pública que pueden generar fallos condenatorios contra periodistas y medios por cuestionar a funcionarios.

 

Fuente: SIP

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